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A UN AÑO DEL ANUNCIADO CIERRE DE LA AUTORIDAD DE CARRETERAS, CONTINÚA EL DESMADRE ADMINISTRATIVO Y LA APROBACIÓN DE CONTRATOS MILLONARIOS A EMPRESAS PRIVADAS

San Juan, PR - Al cumplirse un año del anunciado cierre de las agencias de transportación terrestre (Autoridad de Carreteras, Tren Urbano y Autoridad Metropolitana de Autobuses) por parte del gobierno, la amenaza de pérdidas de empleo, salarios y beneficios marginales persiste para los empleados de estas agencias mientras para los contratistas privados todo es una oportunidad para hacer negocios. A finales del mes de noviembre de 2014, Miguel Torres, junto a funcionarios de ACT, AMA y el Tren Urbano anunciaron el cierre de estas agencias ante la alegación de falta de fondos y la urgencia de aprobar legislación para allegar fondos que permitieran una emisión de bonos. Sin embargo, a pocas horas del cierre anunciado, sin la aprobación de legislación alguna, el gobernador Alejandro García Padilla revocó la orden de cierre hasta el presente.

“La credibilidad del gobierno y sus funcionarios quedó en entredicho por los propios actos de estos” opinó Lissette Barreto Pérez, Presidenta del Programa de Solidaridad UTIER, Capítulo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. “Alegaron que no había fondos para operar y hasta hoy la operación continuó sin emisión de bonos. Impusieron un nuevo arbitrio a la gasolina y derivados del petróleo para justificar la emisión de bonos y esta no ocurrió. Todos preguntan dónde fue a parar y para qué se usa el dinero de la “crudita”, añadió la líder sindical.

La realidad para los trabajadores unionados es que mientras el gobernador se comprometió a revisar la reglamentación basada en la Ley 66-2014 para devolver derechos y condiciones de trabajo que solo se eliminaron en la ACT, como son la acumulación de días de vacaciones y enfermedad, licencia de maternidad, paternidad o funeral, entre otros derechos, esta promesa no se ha cumplido. De otra parte, la actual Directora Ejecutiva, Ing. Carmen Villar Prados no ha resuelto los asuntos presentados y solo se ha comprometido a evaluar estos pero sin tener mayores resultados.

Tampoco el gobierno ha implantado un comité que evaluaría la propuesta de PROSOL UTIER de sustituir contratos privados por trabajo del servicio público que produciría millones en ahorros. Por el contrario, los contratos millonarios a empresas privadas persisten en funciones que pueden ser realizadas por personal unionado o gerencial. Se pretende privatizar las autopistas existentes, PR-52, PR-66, PR-20 y la PR-55 cuando el mismo patrono ha reconocido que la venta de la PR-22 y PR-5 fue un mal negocio y redujo los ingresos de la ACT en un cuarenta por ciento.

“Hoy, a un año de promesas incumplidas, de engaños y mentiras por parte del gobernador y sus principales ayudantes, los trabajadores unionados alzamos nuestra voz de protesta para rechazar las medidas de austeridad que propone el Informe Krueger y que se incluyen en el propuesto Plan de Crecimiento Económico a ser implantado por la anunciada Junta de Supervisión Fiscal”, afirmó Barreto Pérez mientras anunciaba una campaña en los medios para denunciar la verdadera realidad de la ACT, la importancia y pertinencia de que la agencia se mantenga en manos del gobierno y luchar contra la privatización de la agencia.

“Esta campaña debe traducirse en movilizaciones durante el año 2016 para que junto a otros sindicatos enfrentemos el Plan de Ajuste Fiscal que la Legislatura y el Ejecutivo promueven sobre la base del miedo y el chantaje, amenazando con cierres gubernamentales, reestructuraciones, eliminación de bono de Navidad y reducción de jornada, entre otros, sostuvo Barreto Pérez.

PROSOL UTIER sostiene que debe defenderse el servicio público allegando fondos mediante impuestos al capital, entrar en un proceso de imponer responsabilidad y penalidades a quienes otorgaron préstamos en la ACT y promovieron contratos privados que han costado más a la agencia que de haberse realizado con empleados unionados o gerenciales. En adición, sostiene el sindicato, debe incluirse un proceso de moratoria en el pago de la deuda y auditar la misma para evaluar cuales son las verdaderas responsabilidades que debe asumir la corporación. Finalmente, cualquier reestructuración de la agencia debe ir dirigida a rehabilitar la ACT en favor del Pueblo y no de los bonistas.

Tel. (787)724-6118 / 724-6119    Fax. (787)724-6149 PO BOX 9063,  San Juan, PR 00908