San Juan, PR – El Programa de Solidaridad UTIER advirtió que el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla, en conjunto con los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, en el sentido de que se aprobará legislación para salvar el sistema de retiro, a la vez de que todas las pensiones están garantizadas, puede ser una cortina de humo para desmovilizar a los participantes del sistema de retiro y finalmente aprobar una reforma que reduce beneficios y elimina derechos.

La legislación propuesta crea un Plan Híbrido de Contribución Definida que no es otra cosa que pasar más de 130 mil Trabajadores y Trabajadoras activos del Sistema al nefasto plan de ahorros, llamado Reforma 2000. PROSOL UTIER asume una posición firme en defensa de aquellos derechos y beneficios que se expresan en la legislación actual, Ley 447 del 15 de mayo de 1951. Estos son derechos adquiridos que se deben proteger, no eliminar o reducir. Las leyes principales que afectaron la estructura de beneficios (Ley 1 de 1990 y la Ley 305 de 1999) no son modelos a seguir. Se debe buscar alternativas para que luego de una vida de trabajo, el Trabajador y la Trabajadora pueda disfrutar con seguridad económica y social esta etapa en su vida.

Luis Pedraza Leduc, coordinador de PROSOL UTIER, afirmó que la consecuencia por la pérdida de derechos y garantías de los beneficios por los cuales el Trabajador trabajó y aportó, será la fuga de talentos y de recursos económicos hacia otros destinos que ofrezcan la certidumbre que el gobierno como patrono no garantiza.

El dirigente sindical expresó que su organización apoya el desarrollo y expansión para toda la clase trabajadora participante del sistema de una pensión uniforme, razonable y justa, sin privilegios por razón de títulos, puestos o condición social. PROSOL UTIER sugiere que es momento para rescatar el asunto de la salud, reducido en esta legislación a una ley especial que ofrece una aportación al costo del plan médico, y asumir el reto de desarrollar un plan de salud universal para todos los seres humanos que viven en Puerto Rico. “Es hora de decir ¡Basta Ya! a las aseguradoras, hospitales, farmacéuticas y demás empresas que se lucran con las enfermedades que nos provocan por preferir el tratamiento de estas en lugar de su prevención” añadió.

PROSOL UTIER compareció ante la legislatura del país y defendió el modelo actual de pensiones definidas, así como los beneficios que se incluyen en las llamadas leyes especiales. Propuso como alternativa real para enfrentar la situación del sistema de retiro una sana y sabia administración de los recursos económicos basada en once (11) puntos.

1- Exigir mayor responsabilidad social a las empresas e individuos que generan mayores ganancias e ingresos.

2- Reducir a un mínimo los contratos de servicios profesionales, consultoría, cabilderos, relaciones públicas, propaganda, asesoramiento legal. Limitar a lo esencial la subcontratación de servicios y funciones en las agencias y corporaciones públicas. Estas funciones deben ser canalizadas por funcionarios y empleados públicos, quienes serán parte del Sistema de Retiro.

3- Reducir en por lo menos 30% la nómina de Jefes de Agencia, Alcaldes, Jueces, funcionarios electos, asesores y personal de confianza en las tres ramas de gobierno.

4- La deuda pública es impagable. Hay que renegociar la deuda, partiendo de no tomar prestado, excepto para hacer viable una reconstrucción de país, bajo un modelo de economía sustentable.

5- Detener la privatización de las funciones públicas.

6- Promover la regionalización de los servicios municipales mediante la creación de empresas municipales, dirigidas y administradas por empleados públicos quienes recibirán incentivos definidos por alcanzar metas y objetivos previamente definidos. Parte de los ahorros y logros económicos que se alcancen nutrirán al sistema de retiro.

7- Exigir a los Alcaldes, Jefes de agencias o corporaciones que cumplan con el pago mensual de las aportaciones so pena de separación de su puesto y otras medidas disciplinarias.

8- Revisar los privilegios de Jueces, Alcaldes y otros funcionarios para que sean uniformes con el resto de los empleados públicos.

9- Exigir al Departamento de Hacienda y otras agencias a ser diligentes en el cobro de toda deuda existente. En base a la perspectiva dada a estas deudas, que un por ciento de lo recaudado vaya a nutrir el fondo del Sistema de Retiro. Que se publiquen los nombres de corporaciones, empresas e individuos que están en delincuencia respecto a deudas en el país. Que se protejan los nombres de quienes tienen planes de pago y asumen sus obligaciones.

10- Exigir responsabilidad a los funcionarios, ex funcionarios, asesores y empresas que son responsables de las decisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones con respecto al Sistema de Retiro.

11- Evaluar la entrega de las carteras de los préstamos a la banca e instituciones financieras privadas. Investigar el rendimiento en cuanto a ganancias de los préstamos a favor de quienes la administran.

PROSOL UTIER hace un llamado a los legisladores a examinar aquellas propuestas que han expresado otros sectores sindicales, siempre bajo el fundamento de asegurar y expandir el alcance de los derechos y beneficios al Trabajador y la Trabajadora. “Llamamos a evaluar con detenimiento aquellas medidas que en esencia son impuestos al Pueblo que solo tienen el efecto de agravar el bolsillo del contribuyente. Algunas de estas medidas pueden servir de excusa a renunciar a beneficios y derechos ante el costo de lo propuesto o a dividir aún más a la clase trabajadora. Todo ello es parte de la crisis que hoy nos presentan para traer la justificación de prolongar y ampliar la deuda pública del país en beneficio de los inversionistas.”

“Reiteramos nuestro reclamo de examinar y estudiar con mayor detenimiento la legislación propuesta. Es hora de reconstruir al país con nuestro propio esfuerzo. Que los sacrificios sean para arar y sembrar en nuestro futuro, no para entregar al amo nuestro fruto”, señaló Pedraza Leduc.

San Juan, PR – El Programa de Solidaridad UTIER, PROSOL UTIER, solicitó mediante carta al Secretario Rubén Hernández Gregorat que anule la acción de otorgar una compensación económica a 38 funcionarios de la Autoridad de Carreteras y al propio Hernández Gregorat por razón de no existir una base legal, ni una justificación moral para dicha compensación.

San Juan, PR - Como un engaño a los empleados públicos unionados de parte del gobernador, los presidentes de Cámara y Senado y ciertos dirigentes sindicales fue catalogada la legislación que extiende por dos años los convenios colectivos en el gobierno central. Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, PROSOL UTIER, expresó que su organización advirtió a todos los legisladores de la verdadera intención de la ley que es el asegurar los intereses económicos de los sindicatos norteamericanos en Puerto Rico.

“A cambio de asegurar el cobro de cuotas por dos años, ciertos oficiales de las uniones norteamericanas aplaudieron y felicitaron al gobernador que se siente orgulloso de haber despedido, según sus números, a 12,505 empleados. Estos empresarios sindicales, están haciendo la campaña política de quienes han continuado con las políticas antiobreras dictadas por los bonistas, empresarios y patronos que se encuentran en Wall Street, la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y el CAREF”, expresó Pedraza Leduc, también portavoz de la Coordinadora Sindical.

Según Pedraza Leduc el Proyecto del Senado 2079, convertido ahora en ley, niega a los trabajadores su derecho a negociar y legitima la Ley 7 al permitir imponer convenios que los trabajadores no negociaron ni aprobaron. “El discurso de los empresarios sindicales es sumamente peligroso para el futuro de los empleados públicos. Ahora resulta que la extensión de convenios mediante una ley otorga derechos que fueron arrebatados ilegalmente. Pero más grave aún, nada se dice de los empleados despedidos, nada se dice de los aumentos de salario y demás beneficios económicos adeudados por los pasados dos años, nada se dice de los puestos ocupados por trabajadores por contrato, sin beneficios o mediante compañías privadas” afirmó el Coordinador de PROSOL UTIER.

La legislación aprobada dispone que la extensión de los convenios colectivos sea un impedimento por los próximos dos años para la celebración de elecciones sindicales con el fin de cambiar de unión. Los trabajadores y trabajadoras de agencias como Departamento de la Familia, Departamento de Corrección, Hacienda, Departamento de Agricultura y otros han estado recogiendo firmas para celebrar elecciones y escoger un nuevo sindicato. En estas agencias el sindicato actual pertenece a un sindicato norteamericano.

Pedraza Leduc anunció que su organización continuará denunciando el impacto negativo de la ley y promoverá actividades de protesta contra la política anti obrera de los gobernantes.

San Juan, PR – Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, denunció los intentos de parte de uniones norteamericanas por extender las disposiciones de la Ley 7 para de esta manera extender convenios colectivos por dos años adicionales. “De manera demagógica, los sindicatos norteamericanos AFSCME, UAW y otros alegan que es beneficioso para los empleados públicos que se extiendan hasta el 2013 los convenios que fueron suspendidos en parte por la Ley 7. Nada más lejos de la verdad. Una extensión mediante la Ley 7 significará que se priva a los trabajadores de decidir democráticamente si aprueban un convenio, impedirá elecciones sindicales para escoger el representante sindical hasta el año 2013 y garantizará las cuotas para estos sindicatos norteamericanos” afirmó Pedraza Leduc.

El dirigente sindical cuestionó el cabildeo intenso que desarrollan mediante anuncios en la prensa estos sindicatos una vez la Ley 7 expiró. “Quieren enmendar una ley que ya no existe, obviamente alguien esta traqueteando con el proceso legislativo. Nos preocupa que estemos frente a otro ejemplo de venta de leyes entre empresarios sindicales y la legislatura”, expresó Pedraza Leduc.

El portavoz de PROSOL UTIER exhortó al Presidente del Senado, a la Presidenta de la Cámara y al Gobernador a evitar que se prohíban las elecciones sindicales en el empleo público mediante una enmienda a la Ley 7, ley que cumplió su vigencia y expiró el 9 de marzo de 2011.