Trabajadores del gobierno afiliados a 30 uniones realizaron una demostración ante las oficinas de la Junta Federal de Control Fiscal en rechazo a los recortes en la aportación patronal a los planes médicos que desde marzo afectarían a cerca de 105,000 empleados públicos.

La marcha, que partió desde el Departamento del Trabajo en Hato Rey, contó con la participación de trabajadores afiliados a la Coordinadora Sindical, Federación Central de Trabajadores, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Sindicato Puertorriqueño del Trabajo, la Unión General de Trabajadores, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la Unión Independiente Auténtica, entre otros.

“Mírala que linda viene, mírala que linda va. Es la lucha del obrero, que no da un paso atrás”, fue la plena que corearon a lo largo de la avenida Juan Ponce de León como parte del llamado “parrandón sindical”

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El acuerdo al que llegaron la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobierno de Puerto Rico y los bonistas (prestamistas), con relación al pago de parte de la deuda pública, en este caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que alcanza $17 mil millones, es una deuda que tendrán que pagar generaciones de puertorriqueños. Ese acuerdo fue avalado por la legislatura de Puerto Rico en contra de los mejores intereses del pueblo.

Así se desprende del propio acuerdo, que según se dio a conocer públicamente, incluye pagar el 68 por ciento de la deuda contraída por COFINA, incluso a fondos buitres que compraron esos bonos a mucho menos de su valor porcentual. Los llamados fondos buitres suelen adquirir bonos de países pobres que hayan caído en incumplimiento de pago y que se encuentran en precariedad económica. Compran esos bonos a un precio muy por debajo, para luego reclamar que se les pague el 100 por ciento de su valor. Es ahí que comienza una intensa lucha.

En el caso de Puerto Rico, tenemos que estar claros que COFINA fue una criatura creada en el año 2006 bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, en un “gobierno compartido”, con una legislatura del partido contrario y con el objetivo de tomar prestado para mantener lo que para entonces ya se visualizaba como una deuda impagable. En lugar de enfrentar esa realidad, la administración de Acevedo Vilá prefirió, a la que se sumó la mala fe política de la legislatura de entonces, contraer deuda adicional y garantizarla a través de COFINA con dinero proveniente de un Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que pronto se impuso.

Muchos recordarán aquella campaña de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista impulsando un IVU de cuatro por ciento, mientras Acevedo Vilá y su Partido Popular Democrático clamaba por que el impuesto fuera de un siete por ciento, que fue la cifra que prevaleció. Hubo un sector que realizó una única marcha en contubernio con el PPD para impulsar el impuesto de siete por ciento. En aquellos días salió un anuncio del entonces influyente alcalde popular de Carolina, el fenecido José Aponte de la Torre, diciendo algo así como ‘no dejes que te pongan el cuatro, apoya el siete por ciento’.

Así las cosas, actualmente en plena crisis fiscal y con un gobierno en quiebra oficial, la JCF y el gobernador PNP Ricardo Rosselló coinciden en pagar la monumental deuda, con el visto bueno de la legislatura. Ya sea porque el gobierno no se atreve a a enfrentar la JCF o por el complejo colonial que nos aqueja, no hay quien desde el gobierno saque la cara por Puerto Rico. Por el contrario, los gobernantes de turno han comprometido a generaciones de puertorriqueños a pagar por cuatro décadas los intereses de esta deuda sin amortiguar el principal. Así de injusto es este acuerdo.

(Río Piedras, PR - 28 de septiembre de 2018)

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), profesor Javier Córdova, anunció en el día de hoy que usarán todos los medios  de lucha que sean necesarios para asegurar que permanezca el plan de pensiones de por vida en la Universidad de Puerto Rico.  A la vez, denunció la contratación de la firma BDO por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico con el propósito de dar cumplimiento a las absurdas medidas que ha venido imponiendo la Junta de Control Fiscal en la institución.

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